14 de noviembre, 2016

Saltos de agua. Canon ilegal

Las Confederaciones Hidrográficas han girado sorpresivamente a las concesionarias en pie de presa un canon de aprovechamiento hidroeléctrico por la “energía gratuita” que, según el título concesional, quedaba reservada al Estado, y lo ha hecho extendiendo sus liquidaciones a los últimos 4 años (campañas 2012, 2013, 2014 y 2015). La cuestión es tan importante que el concesionario es expresamente advertido de que el impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.

La “energía de reserva” o “energía gratuita” no es más que la obligación que asumían las concesionarias de suministrar, gratuitamente y durante todo el período de la concesión, la energía eléctrica necesaria para la explotación, alumbrado de instalaciones, servicios y viviendas del personal de la presa, hasta una determinada cantidad de Kwh anuales fijada en la concesión, en las condiciones y en los puntos de entrega que serían fijadas por la propia Administración.

El hecho de girar unas liquidaciones tan sencillas como los cánones de aprovechamiento por todo el período de prescripción de 4 años ya revela que la Administración es consciente de estar reclamando algo que nunca, hasta ahora, creía tener derecho a reclamar. Otra cosa sería una negligencia superlativa de los encargados de la recaudación pública, si consideramos que buena parte de estas concesiones están en vigor desde los años 80 y 90.

Pues bien, nada de esto debiera extrañar si no fuera porque las Confederaciones Hidrográficas han venido girando el correspondiente canon de aprovechamiento a los concesionarios de las presas por el total de la energía que en ellas se producía, sin desglosar ni descontar la que, en su caso, debiera ser destinada a reserva. Dicho de manera gráfica, se está girando un canon por una energía producida cuyo canon ya habría sido pagado.

Pero más, la propia Administración pretende girar este canon “extraordinario” por una energía de reserva que, en buena parte de los casos, ni tan siquiera ha exigido al concesionario; para no dejar nada suelto, lo hace, además, por el importe máximo de Kwh previsto en las concesiones.

Todo ello obviando que el canon de aprovechamiento -acto de liquidación tributaria donde los haya, puesto que de una tasa se trata- ya fue girado en las cuatro campañas que ahora se reclaman, con todas las consecuencias y limitaciones que esto supone para la Administración.

Nos encontramos, pues, ante una actuación administrativa absolutamente cuestionable, que parece obedecer a motivos superiores a estas liquidaciones y que, esperamos, sea reparada en toda su extensión por nuestros Tribunales.

Más info 915 566 738 www.aguayoabogados.es

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