17 de marzo, 2016

Sociedades, ¿a la cárcel?

Por Joaquín Garcia-Romanillos

Obviamente ello no es posible en las personas jurídicas a las que solo se podrá castigar con su disolución, suspensión, etc.. no así a sus representantes, administradores o subordinados jerárquicos, que si pueden terminar en prisión. EL 29 de febrero pasado, por primera vez, nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la responsabilidad penal de las empresas y quiero llamar la atención sobre un punto: el riesgo de que el reciente artículo 31 bis del Código Penal facilite el paso de la presunción de inocencia de la sociedad, cuya persona física ha delinquido, a la presunción de culpabilidad yéndose la carga de la prueba a la entidad cuestionada, a fin de que demuestre que ha sido buena yha hecho los deberes prescritos en dicho artículo. Si su representante ha delinquido, la persona jurídica solo queda exenta de responsabilidad, fundamentalmente, si se demuestra (¿por quién?, en esto la Sala Segunda está dividida) que tenías montado un tinglado con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Y si no, culpable por pura responsabilidad objetiva. Afortunadamente, el número 3 del art. 31 bis, permite que las personas jurídicas “pequeñas” en lugar de tinglado, puedan tener un “tingladillo” que resulte menos costoso.

La marea económica reguladora, cada vez más, invade el derecho, también el penal y a pesar de que la citada sentencia afirme que las personas jurídicas tienen en el proceso penal iguales derechos y garantías que las físicas, pobre de aquella cuya persona física cometa delito, como no tenga montado el tinglado: presunción de culpabilidad y nada de principio acusatorio.

¿Y quién defiende a la empresa, y al socio, de la estrategia que diseña el propio administrador investigado al que interesa más salvar su propio pellejo que el de la sociedad? Según el T.S, un “defensor judicial”. Pero eso, ¿qué es?

CIRCULAR 1/2016

STS 29.02.2016

www.aguayoabogados.es

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